La fiscalización de las nuevas superpotencias

  • 20 diciembre, 2018
  • Por Jaume Ríos

En ocasiones las grandes plataformas se escapan del control público. Los gobiernos deben dar un paso adelante para comprender, legislar y fiscalizar a estos gigantes tecnológicos.

Marck Zuckerberg en su comparecencia en el Congreso de los EUA. Grandes plataformas.
Marck Zuckerberg en su comparecencia del pasado mes de abril en el Senado de los EUA.

La dificultad por parte de la mayoría de gobiernos para regular las grandes plataformas tecnológicas no es una novedad. Su envergadura a nivel económico y sus múltiples servicios integrados dificultan su fiscalización o control desde de las Administraciones públicas. Además, la falta de precedentes en la regulación de corporaciones de la magnitud de los actuales gigantes tecnológicos provoca que las instituciones vayan siempre un paso por detrás de los planes de desarrollo de estas empresas.

La descompensación temporal y en materia de recursos genera escenarios disruptivos, donde el Estado se siente amenazado por el gran poder acumulado en manos de las grandes plataformas. La sensación de subordinación, de inferioridad o de desconocimiento se traduce en la movilización de las instituciones, a través de sus mecanismos clásicos.


La imagen de fundadores, directores o responsables de grandes plataformas contestando decenas de preguntas de los representantes públicos nos provoca un espejismo, una ilusión, una falsa sensación de control y de fiscalización.

Estos procedimientos institucionales, más allá de su escasa eficiencia, han generado poca preocupación entre los principales líderes de Silicon Valley. En la mayoría de ocasiones se han basado en hearings o comparecencias de los empresarios delante de comisiones parlamentarias con pocas consecuencias directas. La imagen de fundadores, directores o responsables de grandes plataformas contestando decenas de preguntas de los representantes públicos nos provoca un espejismo, una ilusión, una falsa sensación de control y de fiscalización.

Sheryl Sandberg (Facebook) y Jack Dorsey (Twitter) en su comparecencia en el Senado de los EUA el pasado mes de septiembre

Lo cierto, y como hemos comprobado esta semana con el enésimo escándalo por parte de Facebook y el trato de los datos sensibles de sus usuarios, es que la rendición de cuentas de las superpotencias tecnológicas es más necesario que nunca. Al mismo tiempo, hemos visto cómo, en otros intentos de fiscalizar grandes plataformas, como fue el caso de la comparecencia de Sundar Pichai, CEO de Google, los senadores ofrecieron una imagen de desconocimiento, de falta de preparación y, sobre todo, la sensación de desaprovechar la oportunidad de hacer las preguntas oportunas que pertocarían en un proceso de control parlamentario. A continuación, podemos ver algunos de los mejores momentos de la comparecencia de Sundar Pichai de hace unas semanas.

No nos confundamos: aunque el control (y rendición de cuentas) a las grandes plataformas por parte de las instituciones públicas tiene un gran margen de mejora, estas no están libres de penalizaciones: desde la perspectiva institucional, se han abierto causas legales en contra de plataformas. En el caso europeo, se han impuesto penalizaciones a nivel fiscal, protagonizadas por la comisaria Margrethe Vestager.

La fiscalización no solo llega por parte de las administrciones. A nivel mediático se han diseñado campañas en las redes, como #DeleteFacebook, al mismo tiempo que algunos medios de comunicación han publicado contenidos críticos con la plataforma y con su CEO.

El reto es evidente y no por eso poco ambicioso: los representantes públicos no solo deben regular y limitar el poder de las grandes plataformas; las deben fiscalizar. La rendición de cuentas debe ser exigente como con cualquier actor de sus características, ya que, si lo vemos desde una perspectiva de influencia, Zuckerberg y sus homólogos poseen comunidades mayores que las de cualquier representante público con el que se enfrentan en las comparecencias. Si ellos no son transparentes con sus ciudadanos, los mismos usuarios deben exigir que sus gobiernos sean vigilantes, exigentes y garantistas.

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